NEWARK, N.J. – Dos hombres del condado de Hudson, Nueva Jersey, admitieron sus roles en una conspiración para usar drones para introducir de contrabando artículos prohibidos, incluidos teléfonos celulares y tabaco, en el centro correccional federal de Fort Dix, anunció el fiscal federal Philip R. Sellinger.

Nicolo Denichilo, de 40 años, y Adrian Goolcharran, alias “Adrian Ahoda”, alias “Adrian Ajoda”, alias “Adrian Ajodha”, de 37 años, ambos de Jersey City, Nueva Jersey, se declararon culpables por videoconferencia ante la jueza de distrito Susan D. Wigenton de un cargo cada uno de conspiración para defraudar a la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos.

Otros dos hombres, Jason Arteaga-Loayza y Johansel Moronta, se declararon previamente culpables de participar en el esquema para usar drones para introducir de contrabando artículos prohibidos en la prisión de Fort Dix. Arteaga-Loayza se declaró culpable de su rol en el esquema, así como de un cargo de posesión de heroína y fentanilo con intención de distribuir. En septiembre de 2021, la jueza Wigenton sentenció a Arteaga-Loayza a 43 meses de prisión. El 10 de enero de 2022, Moronta se declaró culpable ante la jueza de distrito Madeline Cox Arleo de su participación en el esquema, así como de violar las condiciones de su libertad supervisada derivada de una condena federal anterior, y está pendiente de sentencia por esos cargos.

Según los documentos presentados en este caso y las declaraciones realizadas en la corte:

Denichilo y Goolcharran participaron en múltiples entregas con drones de artículos prohibidos en Fort Dix entre noviembre de 2018 y marzo de 2020. Arteaga-Loayza y Moronta, mientras eran prisioneros federales en Fort Dix, organizaron que Goolcharran, con la asistencia de Denichilo, volara drones sobre Fort Dix y lanzara paquetes de artículos prohibidos dentro de la prisión, donde se vendían a los reclusos para obtener ganancias. Los paquetes incluían teléfonos celulares, accesorios para teléfonos celulares, tabaco, suplementos para bajar de peso, anteojos y varios otros artículos. Arteaga-Loayza, con la asistencia de Moronta dentro de la prisión, tomaba solicitudes de los reclusos para artículos específicos de contrabando y supervisaba la recolección de los pagos.

Denichilo, Goolcharran y sus cómplices tomaron varias medidas para evitar que los funcionarios de la BOP detectaran e interceptaran los artículos prohibidos. Planificaron los lanzamientos con drones durante las horas de la noche avanzada o de madrugada, cuando estaba oscuro afuera y era menos probable que los drones fueran vistos. Goolcharran, el piloto del drone, con la asistencia de Denichilo, volaba los drones desde posiciones ocultas en los bosques que rodean la prisión. Las luces de los drones estaban cubiertas con cinta para dificultar que los funcionarios de la prisión detectaran los drones contra el cielo oscuro de la noche. Arteaga-Loayza y Moronta también usaban teléfonos celulares, incluidos teléfonos de contrabando ocultos dentro de la prisión, para coordinar los lanzamientos con drones desde Denichilo y Goolcharran.

Denichilo y Goolcharran enfrentan cada uno una pena máxima de cinco años de prisión y una multa máxima de 250.000 dólares. La sentencia de Denichilo está programada para el 6 de junio de 2022, y la de Goolcharran, para el 9 de junio de 2022.

El fiscal federal Sellinger reconoció a los agentes de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia de EE.UU., Oficina de Investigaciones Cibernéticas, bajo la dirección del agente especial a cargo Keith A. Bonanno; la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea de EE.UU., Destacamento 307, bajo la dirección del superintendente Jonathan Jackson; y la Oficina del Inspector General del Departamento de Transporte de EE.UU., Región Noreste, bajo la dirección del agente especial a cargo interino Joseph Harris, por la investigación que condujo a las declaraciones de culpabilidad de hoy.

También agradeció al personal de la Oficina Federal de Prisiones en Fort Dix, bajo la dirección del director Lamine N’Diaye; a los agentes especiales del FBI, bajo la dirección del agente especial a cargo George M. Crouch Jr. en Newark; a los agentes especiales de la Oficina del Fiscal Federal, bajo la dirección del agente especial a cargo Thomas J. Mahoney; a los oficiales del Departamento de Policía del borough de Pemberton, bajo la dirección del jefe Edward Hunter; al Departamento de Policía del municipio de Pemberton, bajo la dirección del jefe Jason Watters; y al Departamento de Policía del municipio de Chesterfield, bajo la dirección del jefe Kyle Wilson, por su asistencia.

El gobierno está representado por el fiscal federal adjunto Mark J. McCarren de la División de Procesamientos Especiales en Newark.