NEWARK, N.J. – Un abogado de Jersey City fue acusado de defraudar a sus clientes por más de dos millones de dólares, anunció el jueves el fiscal federal Philip R. Sellinger.

James R. Lisa, de 67 años, enfrenta tres cargos de fraude electrónico y cuatro cargos de robo agravado de identidad según la acusación formal. Hoy fue presentado por videoconferencia ante el juez magistrado federal José R. Almonte, se declaró no culpable y quedó en libertad bajo una fianza sin depósito de 100.000 dólares.

Según los documentos presentados en este caso y las declaraciones realizadas en la corte:

En 2014, Lisa fue contratado por una familia para ayudar a repatriar millones de dólares que otros miembros de la familia habían transferido a cuentas bancarias en el extranjero décadas antes. También fue contratado para resolver los problemas fiscales relacionados con la repatriación de los fondos. En 2015, Lisa repatrió con éxito más de 6 millones de dólares de los fondos de la familia, pero luego informó falsamente a la familia que los fondos seguían en el extranjero. En 2017, Lisa entregó 4 millones de dólares de los fondos repatriados a la familia, pero siguió representando falsamente que los 2 millones de dólares restantes estaban fuera de su control.

Lisa informó falsamente a la familia que había resuelto con éxito las implicaciones fiscales de la repatriación de los fondos. En 2016, Lisa envió a la familia un “acuerdo de cierre” fraudulento del IRS que reflejaba un acuerdo con el IRS para que la familia pagara 3 millones de dólares en impuestos y multas por los fondos repatriados. En 2018, Lisa envió a la familia otro acuerdo de cierre fraudulento que reflejaba un acuerdo con el IRS para que la familia pagara 2 millones de dólares en impuestos y multas porque solo se suponía que se habían repatriado 4 millones de dólares. En realidad, el IRS nunca celebró estos acuerdos y los empleados del IRS que supuestamente firmaron los documentos nunca lo hicieron.

Cada cargo de fraude electrónico conlleva una pena máxima de 20 años de prisión y una multa que no puede superar los 250.000 dólares. Cada cargo de robo agravado de identidad conlleva una pena obligatoria de dos años de prisión, que debe cumplirse de forma consecutiva a cualquier otra pena de prisión, y una multa que no puede superar los 250.000 dólares.

Los cargos y las alegaciones contenidas en la acusación formal son meras acusaciones, y se presume que el acusado es inocente a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad.

El fiscal federal Sellinger reconoció a los agentes especiales de la Oficina del Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria (TIGTA), División de Campo del Atlántico Medio, bajo la dirección del agente especial a cargo Andrew McKay; y de Investigación Criminal del IRS, Oficina de Campo de Newark, bajo la dirección de la agente especial a cargo en funciones Tammy Tomlins, por la investigación que condujo a los cargos.

El gobierno está representado por el fiscal federal adjunto Jeffrey Bender de la Oficina del Fiscal Federal en Camden.