La policía está tomando medidas contra los infractores de las órdenes de COVID-19

TRENTON – El fiscal general Gurbir S. Grewal anunció hoy que los agentes del orden de todo Nueva Jersey han intensificado los esfuerzos de aplicación de la ley durante la semana pasada al presentar cargos penales contra los infractores de las Órdenes Ejecutivas del gobernador (o “órdenes de emergencia”), incluidos cientos de infractores en Newark, donde el Departamento de Policía de Newark desplegó un gran grupo de trabajo contra la COVID-19.

“La semana pasada dije que habíamos terminado con las advertencias y que tomaríamos medidas enérgicas de aplicación de la ley contra cualquiera que no obedeciera las órdenes de emergencia relacionadas con la COVID-19 del gobernador”, dijo el fiscal general Grewal. “Esta represión continuará hasta que todos entiendan que deben detener estas infracciones, que ponen en riesgo vidas, incluidas las de los agentes del orden que luchan con valentía cada día para protegernos durante esta emergencia. Quiero felicitar especialmente al director de Seguridad Pública de Newark Anthony Ambrose y al jefe Darnell Henry, así como a los hombres y mujeres del Departamento de Policía de Newark, por sus extraordinarios esfuerzos para proteger a los residentes de Newark y de este estado. Su trabajo y el de todos nuestros dedicados agentes están salvando vidas”.

“Los agentes del orden y los profesionales médicos están en primera línea de esta batalla para proteger a los ciudadanos de Nueva Jersey del virus COVID-19, y no podemos enfatizar lo suficiente la importancia de que cada persona siga las directrices establecidas en la Orden Ejecutiva”, dijo el coronel Patrick Callahan, superintendente de la Policía Estatal de Nueva Jersey. “Como están en juego vidas, se tomarán medidas de aplicación sin vacilación contra quienes colocan de manera flagrante en riesgo la vida de otros”.

Durante los últimos nueve días, las agencias de aplicación de la ley de todo Nueva Jersey tomaron las siguientes medidas para hacer cumplir las Órdenes Ejecutivas del gobernador relacionadas con la COVID-19:

• Aplicación de la ley en Newark. El grupo de trabajo contra la COVID-19 del Departamento de Policía de Newark emitió 416 citaciones por violación de las órdenes de emergencia y ordenó el cierre de 24 negocios no esenciales en acciones de aplicación entre el 30 de marzo y el 1 de abril.

• Joseph Figueroa, 18, Hailey Leavens, 19, Alejandra Aguirre-Lopez, 22, Itayezci Pena-Noyola, 22, e Isais Pena, 20, todos residentes de Atlantic City, excepto Leavens, quien vive en Mays Landing, fueron arrestados el 2 de abril por cargos de armas de segundo grado y violaciones de las órdenes ejecutivas después de que se encontrara un revólver calibre .38 cargado en su vehículo durante una investigación y una parada de vehículo motorizado por parte del Departamento de Policía de Atlantic City.

• Craig O’Neill, 42, de Gloucester City, fue acusado el 28 de marzo en Gloucester City de violar las órdenes de emergencia y de allanamiento en un negocio, ambos delitos de personas desordenadas.

• Edward Montero, 33, de Bridgeton, fue acusado el 29 de marzo de violar las órdenes de emergencia por realizar una presentación de ventas de suplementos para la salud en un gimnasio con más de 10 personas.

• Rama Igbarra, 36, de Clifton, fue acusado el 26 de marzo de violar las órdenes de emergencia por abrir el negocio que administra, la tienda Bobby’s Discount Home Furnishings en Orange, N.J., después de que la policía lo advirtiera de que la tienda debía estar cerrada.

• Matthew Shrewsbury, 34, de Milford, fue acusado el 31 de marzo de violar las órdenes de emergencia, amenazas terroristas, agresión agravada, poner en riesgo de lesión generalizada y poner en peligro a otra persona. Presuntamente se volvió combativo con el personal del Hunterdon Medical Center, donde fue llevado tras un accidente de vehículo motorizado. Shrewsbury presuntamente se quitó una mascarilla quirúrgica protectora de la cara, gritó y tosió a las enfermeras y otro personal, y amenazó con escupir a las enfermeras y pacientes. Presuntamente dijo que tenía COVID-19 y que no le importaba contagiar a otros.

• Wade Jackson, 54, de Ewing, fue acusado el 28 de marzo de obstrucción de la administración de la ley y violación de las órdenes de emergencia por realizar una fiesta con un DJ y casi 50 invitados dentro de su apartamento de un dormitorio en Ewing.

• Willi Rojas, 42, de Woodbridge, fue acusado el 29 de marzo de violar las órdenes de emergencia por abrir su barbería en Woodbridge a los clientes.

• Joseph H. Benigno, 56, de Holmdel, fue acusado el 31 de marzo de violar las órdenes de emergencia por realizar una subasta con 15 a 20 personas en un almacén en Edison.

• Steven P. Cato, 20, de Edison, fue acusado el 1 de abril de amenazas terroristas durante una emergencia, obstrucción, resistencia al arresto, tres cargos de agresión agravada a un oficial y daño criminal. Cuando la policía fue llamada a su casa por un incidente doméstico, presuntamente tosió a los oficiales y afirmó tener COVID-19.

• Juan Ocampo-Quiceno, 29, de Wharton, fue acusado el 1 de abril de violar las órdenes ejecutivas por abrir su negocio, Mine Hill Sports Complex en Wharton, después de que se le advirtiera cerrarlo. La policía encontró jóvenes jugando al fútbol y hombres levantando pesas en las instalaciones.

• Christian Enriquez, 29, de North Plainfield, fue acusado el 1 de abril de violar las órdenes de emergencia.

• Anekia Dawkins, 35, de Morristown, fue acusado el 2 de abril de violar las órdenes de emergencia.

• Anthony J. Lodespoto, 43, de Matawan, presuntamente envió mensajes a través de redes sociales amenazando con atacar a residentes judíos en Lakewood con un bate de béisbol. Fue acusado el 26 de marzo de hacer amenazas terroristas durante un estado de emergencia.

• William J. Katzenstein, 39, de Lakewood, fue acusado el 26 de marzo de violar las órdenes de emergencia por realizar una boda con 20 a 30 personas en su patio trasero.

• Eliezer Silber, 37, y Miriam Silber, 34, de Lakewood, fueron acusados el 29 de marzo de violar las órdenes de emergencia y cinco cargos de negligencia infantil por realizar un bat mitzvah con 40 a 50 adultos y niños fuera de su casa.

• David Gluck, 48, y Abraham Haberfield, 32, de Lakewood, fueron acusados el 30 de marzo de mantener una molestia por realizar una reunión de aproximadamente 35 hombres en una instalación escolar que Gluck posee y Haberfield administra.

• Yaakov Kaufman, 47, y Eti Kaufman, 45, de Lakewood, fueron acusados el 31 de marzo de violar las órdenes de emergencia y seis cargos de negligencia infantil por realizar una fiesta de compromiso en su casa con un gran número de adultos y niños. Trece invitados adultos también fueron acusados de violar las órdenes de emergencia.

• Samuel Manheim, 27, de Brooklyn, N.Y., y otras 16 personas fueron acusados el 1 de abril de violar las órdenes de emergencia por asistir a un funeral al aire libre en Lakewood. Manheim también fue acusado de obstaculizar la aprehensión por negarse inicialmente a identificarse ante la policía. Aproximadamente 60 a 70 personas estuvieron presentes en el funeral.

• Ephraim Adler, 42, y Sarah Adler, 18, de Lakewood, fueron acusados el 2 de abril de violar las órdenes de emergencia por abrir la tienda de ropa Brooklyn Southwest en Lakewood a los clientes. Un letrero en la puerta decía “Máximo de 50 personas”.

• Nathan Kline, 66, de Lakewood, fue acusado el 2 de abril de violar las órdenes de emergencia por vender alcohol ilegalmente desde un camión de alquiler en un vecindario residencial donde había más de 10 personas.

• Rafael Medina, 21, Robert Feliz, 18, Edwin Valera, 25, Miguel Lopez, 22, y Angel Gonzalez, 18, fueron acusados el 31 de marzo de conducta desordenada por violar las órdenes de emergencia después de que la policía detuviera el vehículo en el que viajaban en Passaic.

• Joyce Billings, 59, de Columbia, fue acusada dos veces por la policía por abrir su negocio, Post Time Pub en Blairstown, en violación de las órdenes de emergencia. Fue acusada de obstrucción el 27 de marzo y de violación de una ley destinada a proteger la salud pública el 2 de abril.
• Jacqueline Maltese, 48 de Hackettstown, fue acusada el 2 de abril de agresión simple y presentación de un informe policial falso. Durante un incidente de violencia doméstica, Maltese gritó repetidamente a los oficiales que había dado positivo por COVID-19. Eso no era cierto.

• Louis A. Nunez, 52, de Manalapan, fue acusado el 2 de abril de hacer amenazas terroristas durante un estado de emergencia y arrojar fluido corporal a un oficial. Mientras era fichado en la cárcel del condado de Monmouth por un asunto no relacionado, se volvió beligerante y presuntamente amenazó con escupir a un oficial de correcciones, afirmando que tenía el coronavirus.

Aunque varios de los acusados identificados anteriormente también fueron acusados de delitos procesables que conllevan mayores penas, las violaciones de las órdenes de emergencia del gobernador constituyen un delito de personas desordenadas que conlleva una posible sentencia de hasta seis meses de cárcel y una multa de hasta $1,000. Además, a principios de esta semana, el fiscal general Grewal anunció cargos mejorados contra seis personas que fueron acusadas de agredir a agentes del orden y violar las órdenes de emergencia. Específicamente, esos cargos mejorados incluían hacer amenazas terroristas durante un estado de emergencia, que es un delito de segundo grado y conlleva una sentencia de cinco a 10 años en prisión estatal y una multa de hasta $150,000. Los acusados Cato y Nunez están acusados de manera similar por su conducta contra los agentes del orden.

Si observa una falta de cumplimiento de las órdenes de emergencia del gobernador en su pueblo, comuníquese con su departamento de policía local o informe aquí https://covid19.nj.gov/violation

La Oficina del Fiscal General y la Policía Estatal de Nueva Jersey continuarán trabajando con las fuerzas del orden de todo Nueva Jersey para disuadir el comportamiento no conforme.

Los cargos son meras acusaciones y los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.

Nadie debe aprovechar esta pandemia para promover sus propias agendas sesgadas. La COVID-19 no es excusa para promover teorías de conspiración antisemitas u otros estereotipos sesgados. Informe los delitos de sesgo al 1-800-277-BIAS.

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