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La congresista Wades se involucra en la pelea de sentencias entre Sacco y Murphy. Pero ¿cuadra su posición actual con su apoyo pasado para obtener segundas oportunidades para familiares y amigos?

Hay una guerra de palabras, o más bien tweets, que sigue el veto condicional del gobernador Phil Murphy de una legislación que habría eliminado las penas mínimas obligatorias de prisión…

Hay una guerra de palabras, o más bien tweets, que sigue el veto condicional del gobernador Phil Murphy de una legislación que habría eliminado las penas mínimas obligatorias de prisión para un gran número de crímenes no violentos. El proyecto de ley, aprobado por ambas cámaras de la Legislatura de Nueva Jersey, se hizo controvertido después de que el senador Nicholas Sacco (D – Hudson) añadiera una enmienda de última hora para eliminar los mínimos obligatorios para los cargos de mala conducta oficial, y luego cuando otros legisladores ampliaron su alcance para castigarlos por varios otros delitos.

Aunque se esperaba el rencor entre los legisladores y el gobernador, algo más sorprendente también ha ocurrido. Durante la semana pasada, el senador Sacco y la congresista demócrata Bonnie Watson Coleman del centro de Nueva Jersey han estado intercambiando tuits. La congresista apoyó la acción de veto del gobernador, twittando:

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Sacco respondió en un tuit el viernes pasado, tuiteando:

 

Irónicamente, la congresista no siempre ha estado tan decidida a buscar penas duras por actos criminales, tanto por aliados políticos como por miembros de su propia familia.

Cuando todavía estaba sirviendo como líder de la mayoría de la Asamblea, Watson Coleman trató de obtener un perdón para Kiburi Tucker, el hijo del fallecido miembro de la Asemblea Donald Tucker. Kiburi cumplió cinco años en prisión después de ser condenado por cargos relacionados con un tiroteo en Newark en 1996. En ese momento en 2006, necesitaba un perdón gubernamental porque quería postularse para el Concejo Municipal de Newark.

La familia de Watson-Coleman tampoco ha sido inmune a la actividad criminal. Sus hijos fueron sentenciados a siete años de prisión por un robo a mano armada en un Kids-R-Us, y uno fue contratado más tarde por el gobierno del condado de Mercer como trabajador. Los funcionarios del condado en ese momento llamaron a la contratación una historia de redención, y refleja un compromiso de dar a ex convictos una segunda oportunidad.

¿Está la congresista Watson Coleman en alguna posición para oponerse a la inclusión del Senador Sacco de la enmienda oficial de mala conducta, como lo ha hecho el gobernador Murphy? Su apoyo pasado a la indulgencia en el castigo penal y a las segundas oportunidades para las personas atrapadas en el sistema de justicia penal sugeriría una perspectiva muy diferente a su enfoque de línea dura actual, y tal vez un toque de hipocresía y grandeza política.

La oficina de la congresista no devolvió la solicitud de comentarios de Hudson TV.

Durante décadas en Nueva Jersey, la política era tener penas mínimas obligatorias en los libros por muchos delitos no violentos que muchos defensores de la reforma de la justicia penal, abogados defensores y otros se opusieron. Se dijo que la discreción judicial era un enfoque más justo y que estos delitos no violentos no justificaban estas permanencias obligatorias y mínimas tras las rejas. La enmienda de Sacco añadió mala conducta oficial a la lista de delitos que no deberían requerir una sentencia mínima obligatoria, y los legisladores añadieron más tarde crímenes adicionales como soborno a la lista. Este aspecto, sin embargo, no se incluyó en las recomendaciones hechas por una comisión bipartidista creada por el gobernador Murphy cuando asumió el cargo y dijo que se iban a adoptar medidas de reforma de la justicia penal, aunque es apoyado por grupos como New Jersey Together y la ACLU que se oponen a todos los mínimos obligatorios.

Desde hace mucho tiempo se ha creído que las reglas no son las mismas para los afroamericanos y hispanos cuando se trata de imponer penas, y esta enmienda habría tenido la intención de liberar las celdas de la cárcel mucho antes de lo que ha sido el caso en el pasado. La Unión Americana de Libertades Civiles de Nueva Jersey quiere que se eliminen por completo las penas mínimas obligatorias. Apoyaron el proyecto de ley y se decepcionaron con el veto del gobernador. Para que quede claro, más del 80 por ciento de los reclusos encarcelados por sentencias mínimas obligatorias relacionadas con delitos relacionados con drogas son negros o hispanos.

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